“El Artículo 26 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948)
consagra la educación básica como derecho, su obligatoriedad y gratuidad: “1.
Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al
menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La
instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional
habrá de ser generalizada; el acceso a los estudios superiores será igual para
todos, en función de los méritos respectivos”.
“La huelga más fuerte fue en mayo de 2001 y duró casi dos meses, en
contra de la reforma constitucional y la Ley 715 que cursaba en el Congreso.
Mientras que fuera de Bogotá los huelguistas se mantuvieron, en la capital sólo
aguantaron hasta el final 75 colegios por la presión de la Secretaría de
Educación (Cubides y Mora, 2009). Los sindicatos demandaron estas medidas ante
los jueces. Algunas de estas demandas se ganaron y en el 2010 se empezaron a
reintegrar estos recortes salariales de las huelgas realizadas diez años atrás.
Esto fue una característica de la administración Vélez: tomar decisiones que
violaban la ley o que se movían en la frontera de la legalidad, y esperar a que
las demandas se resolvieran varios años después, cuando los cambios ya se
habían hecho y era prácticamente imposible revertir las decisiones, como
sucedió con los procesos de fusión de escuelas y colegios, y con la transformación
de los directores de las escuelas en coordinadores. Por ejemplo, el director de
la escuela Jacqueline, en Bogotá, se negó a fusionar su escuela y a dejar su
cargo para convertirse en coordinador, puso una demanda y, años después, la
ganó. Legalmente no fue posible hacerle abandonar su cargo y se mantuvo, pero
todas las demás escuelas se fusionaron. Las tácticas que se utilizaron para
convencer a los rectores y directores de aceptar estas medidas se analizaron a
partir de un trabajo de campo de tres meses en tres colegios con sus escuelas
satélites, en Miñana et. al. (2004)”.[1]
Las políticas neoliberales y la privatización de las empresas públicas
han hecho que se reduzcan los presupuestos para la educación. Para nadie es un
secreto que dichas privatizaciones de las empresas públicas se realizan con un interés
de obtener beneficios económicos para el gobernante de turno, el cual disfraza
como una urgencia de la población de la privatización para invertir en otros
proyectos públicos. Como son los ejemplos de la privatización de la empresa de
energía de Bogotá y la ETB.
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