Mientras los colombianos no paran de
sorprenderse con los escándalos producidos por los malos manejos de algunas
instituciones educativas privadas del país, como la Universidad San Martín o la
Rafael Núñez de Cartagena, en los últimos meses se ha acrecentado una crisis en
la mayoría de las universidades públicas regionales que amenaza con estallar en
cualquier momento.
Gran
parte de las 32 universidades públicas regionales tienen serios problemas que
van más allá de los financieros. Allí no solo se palpa la falta de calidad y
los enredos presupuestales, sino que surgen también enormes líos de
gobernabilidad. Huelgas, salones abarrotados y edificios decaídos; rectores
ultrapoderosos, nepotismo, pujas internas de poder y denuncias de corrupción y
politiquería son cada vez más frecuentes. Ese desgobierno es un cáncer que
nadie trató durante años y que ha hecho una metástasis tan peligrosa, que
requiere medidas urgentes.
Una muestra de la falta de control y desgreño
que se apoderó de las universidades públicas medianas y pequeñas es la
Universidad Distrital. Desde hace varios años un grupo de exrectores,
profesores y políticos se la tomó a través de la elección amañada de los
miembros del Consejo Superior y la rectoría, todo con el fin de sacarle
provecho personal a los recursos del Estado. Pensiones millonarias exprés o
ilegales, corrupción en la contratación y amiguismo son el pan diario de cada
día, sin que pase nada.
Para la mayoría de los expertos consultados,
todo comenzó con la Ley 30 de 1992 que si bien les dio a las universidades
presupuestos permanentes, autonomía para autogobernarse y administrarse,
terminó siendo un arma de doble filo. Entre 1993 y 2011 el número de alumnos
matriculados de todas las universidades estatales creció 232 por ciento, pero los
recursos solo aumentaron 80 por ciento. Para 2013, según un informe del Sistema
de Universidades Estatales (SUE), el déficit de la educación pública superior
ya alcanzaba 11,2 billones de pesos, un monto cercano al hueco que tiene el
presupuesto del gobierno para 2015.
Así, al tener presupuestos fijos, las
universidades fueron quedando cada vez con menos dinero, y el resultado es hoy
por hoy una educación pública con los recursos de 1992 y las necesidades de
2014. Como escribió el economista Salomón Kalmanovitz en el diario El
Espectador: “Las universidades sufrieron una reducción de 40 por ciento en los
recursos por estudiante. Este estrangulamiento forzó a las universidades
públicas a generar recursos propios, a vender consultoría y extensión y, sobre
todo, a aumentar matrículas”.
En universidades como la Francisco de Paula
Santander de Cúcuta, las matrículas se duplicaron en los últimos años, pero
esos recursos no se ven en las instalaciones. Como le dijo a SEMANA un
estudiante de esa institución, los salones “viven llenos y sin ningún espacio”.
En la Universidad Distrital, algunas facultades reciben casi tres veces más
estudiantes de lo que pueden, y los millonarios recursos que reciben se esfuman
en contrataciones y pagos de servicios sin que se vean reflejados en la
infraestructura. De hecho, el estado de la mayoría de los campus universitarios
es lamentable.
Y como no hay para construir salones, ni
contratar más y mejores profesores, mucho menos dinero puede invertirse en
investigación y calidad. Las cifras ya lo demuestran. Solo 14 de las 32
universidades públicas tienen un reconocimiento de alta calidad, y de los 4.942
programas que ofrecen apenas 420 son premium, es decir, 8 por ciento.
El drama no termina ahí. Para rematar hay una
creciente ingobernabilidad en los campus, en los que se viven feroces peleas
por los cargos directivos o por el control de los puestos y los contratos, pues
en varios departamentos, el presupuesto de la universidad equivale a los de las
capitales. En Florencia muchos dicen que el rector de la Universidad de la
Amazonia es el segundo hombre más poderoso de Caquetá después del gobernador.
Otro caso es el de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC),
de Boyacá, que tiene un presupuesto comparable al de Tunja. Pero un rector
tiene menos control mediático y de los órganos de vigilancia que un secretario
de Obras o de Educación.
El poder de los consejos
Para tomarse el control de las universidades,
los políticos, profesores o contratistas luchan por tener el manejo de los
Consejos Superiores Universitarios, pues son los encargados de nombrar los
rectores. En casi todas las instituciones de educación superior, los consejos
están conformados por nueve delegados: uno del ministerio de Educación, uno del
presidente de la República, uno de la Gobernación, uno de las directivas
académicas, uno de los docentes, uno de los egresados, uno de los estudiantes,
uno del sector productivo y uno de los exrectores. En teoría, esa estructura
debería asegurar cierta pluralidad e independencia, pero la realidad es
distinta: muchos delegados terminan capturados por los gamonales y por quienes
ya detentan el poder.
El método predominante para garantizar el
control de la universidad es, además de tomarse el Consejo, cambiar las reglas
de juego antes de cada elección de rector, amparado en la autonomía
universitaria y en el poder casi absoluto del consejo. Así se garantiza la
permanencia de un rector o se asegura que un solo candidato cumpla los
requisitos de una elección. Un
ejemplo es la UPTC. En medio de protestas estudiantiles, el pasado noviembre el
Consejo cambió un artículo que permitió la reelección de Gustavo Orlando
Álvarez. El delegado del gobierno nacional terminó por abstenerse, pues dijo
que de lo contrario habría incurrido en un prevaricato.
La Universidad Popular del Cesar también está en
huelga desde hace un mes por ese problema. El Consejo, de cara a las elecciones
de 2015, decidió cambiar las reglas de juego para favorecer a un solo candidato
y acabar con las consultas abiertas que se hacían con el estudiantado. En la
última década, en 20 de las 32 universidades públicas ha habido reelecciones, y
hoy hay 15 rectores en su segundo, tercer, cuarto o hasta quinto periodo
consecutivo.
Un caso particular es la Universidad Tecnológica
de Pereira, donde el rector Luis Enrique Arango duró 15 años y fue reelegido
varias veces sin tener en algunos casos un contendor. Hace poco en su
reemplazo fue nombrado Luis Fernando Gaviria
Trujillo. También está el
caso del actual rector encargado de la Universidad Distrital, Rafael Vergara,
quien se ha mantenido en su puesto a pesar de tener al alcalde Gustavo Petro y
a la Nación en su contra.
Esa falta de transparencia ha comprometido la
independencia de los rectores, quienes muchas veces cuentan con un fuerte
respaldo político y terminan pagándolo con puestos, becas y cupos. Los
egresados de la Universidad de Sucre eligieron esta semana a Juan Carlos Ríos
como su nuevo representante en el Consejo. Según una investigación de La Silla
Vacía, Ríos es ficha del político Yahír Acuña que tiene una estrategia para
conquistar la universidad.
Por su parte, la del Pacífico atraviesa ahora
una terrible crisis de gobernabilidad. Desde 2012 la rectoría de Florencio
Candelo logró aumentar el presupuesto, sanear las cuentas y aumentar los
profesores de planta. Pero el dinero terminó generando enfrentamientos con la
mayoría del Consejo, que lo acusa de ser ficha de un senador. Sus partidarios
dicen que detrás de las denuncias está otro poderoso político.
A este panorama gris se suman algunos claros
casos de corrupción. La falta de controles en las universidades públicas
permite abusos inimaginables. El más reciente se dio en las Unidades
Tecnológicas de Santander. El 20 de noviembre, la Procuraduría suspendió al
rector Óscar Orozco y a otros tres funcionarios por aparentes irregularidades
en una licitación de 20.000 millones de pesos. También el Consejo de Estado
falló en junio contra del nombramiento de 40 docentes de la Uniamazonia. Estos
se adelantaron mediante convocatorias amañadas que dejaron al descubierto que
varios de ellos ni siquiera eran profesionales y que otros eran cercanos, según
los sindicatos, al entonces rector Luis Eduardo Torres.
¿Qué hacer?
El presidente Juan Manuel Santos buscó resolver
uno de los problemas más importantes de la educación, la baja cobertura, a
través de una reforma en 2011. Pero fracasó luego de que su iniciativa chocó de
frente contra los intereses de los movimientos estudiantiles y desató protestas
masivas.
Tanto el sector académico, conformado por
estudiantes y profesores, como el Estado están de acuerdo con que la crisis de
gobernabilidad de las universidades públicas tocó fondo. En lo que no
concuerdan es en la manera como se deben solucionar los problemas. Por una
parte profesores y estudiantes quieren disminuir el poder de los CSU a través
de una profundización de la democracia directa en las universidades, es decir,
que los rectores se escojan de manera pública y abierta. El gobierno quiere
fortalecer los mecanismos de control sin afectar mucho la estructura
organizativa de las universidades.
En este sentido Amaury Nuñez, portavoz de la
Mesa Amplia Nacional Estudiantil (Mane) dice que “el problema es de todo el
sistema universitario del Estado. El gobierno irrespeta la autonomía,
direcciona las elecciones, nombran rectores para pagar favores, por encima de
las consultas de los estudiantes. Es un sistema antidemocrático, donde la
mayoría que controla la universidad es política”. En 2013, la Mane presentó una
iniciativa de reforma que busca darles más poder a los estudiantes y los
profesores mediante la creación de Asambleas Generales y de un sufragio
universal que les permite a ellos mismos elegir a sus rectores.
La senadora del partido Alianza Verde Claudia
López, que sigue de cerca la educación superior, dice que a “la autonomía
universitaria hay que defenderla”, pero sostiene que lo que hay que reformar
con urgencia es la Ley 30. Propone un presupuesto base per cápita para las
universidades y un financiamiento adicional para los programas de excelencia. E
insiste en que hay que establecer reglas comunes para elegir rectores y
garantizar más democracia en la universidad. Advierte, además, que si el
gobierno no lidera los cambios, su partido presentará un proyecto de ley en la
próxima legislatura.
Entre tanto, el gobierno ya presentó su Acuerdo
por lo Superior 2034, una política que busca la excelencia en ese sector,
pero carece de propuestas concretas para arreglar los problemas financieros,
académicos y administrativos de las instituciones de educación superior.
Incluso, desde que estalló el escándalo de la Universidad San Martín, la
ministra de Educación, Gina Parody, decidió presentar un proyecto de ley de
control y vigilancia que le da dientes a su cartera para prevenir los abusos.
Pero muchos esperan que ahora vaya más allá y se enfrente al chicharrón de las
universidades públicas.
Sin embargo buena parte de los profesores y
estudiantes cree que las intenciones de gobierno no van dirigidas a solucionar
el problema sino que precisamente pretenden utilizar la crisis de
gobernabilidad para recortar la autonomía universitaria. “Nosotros los
profesores no estamos en contra de que los funcionarios de las universidades
sean vigilados por los entes de control, lo que criticamos es que el gobierno
no quiere llevar a cabo un verdadera reforma que democratice las universidades y
le quite el poder a los Consejos Superiores. En cambio el gobierno quiere que
el ministerio asuma funciones de vigilancia que pueden lesionar la autonomía”
afirma Gonzalo Arango, miembro de la Federación de Profesores Universitarios.
La situación parece agravarse cada vez más, y a
pesar de que gobierno y sector académico tienen en sus manos propuestas para
remediar, la falta de diálogo y confianza entre ambos no ha permitido que se
avance. Mientras que no haya una reforma estructural a la Ley 30 y a la educación
superior pública, las universidades seguirán en la olla.
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